jueves, 26 de mayo de 2016

EL MAGRAMA PROHIBIÓ REUNIONES CON EL DENUNCIANTE DE ACUAMED

http://www.europapress.es/nacional/noticia-agricultura-prohibio-reuniones-denunciante-caso-acuamed-20160526135015.html

Según la información publicada por Europa Press, altos cargos del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), dieron instrucciones directas a funcionarios del Ministerio para que no se recibiera a Francisco Valiente (denunciante del caso).


Pablo Fernández, el abogado del Estado que actuaba como coordinador del convenio con la empresa pública dependiente del Ministerio, explicó al magistrado de la Audiencia Nacional, que el responsable de los servicios jurídicos en el MAGRAMA,  le comunicó órdenes del subsecretario, Jaime Haddad, en las que se le prohibía volver a reunirse con Valiente.

Según publica Europa Press, Pablo Fernández, indicó que había celebrado un primer encuentro con el denunciante en la que le comunicó "una serie de irregularidades muy relevantes" y, tras recomendarle que denunciara los hechos, debía volver a verle para que le aportara pruebas. No obstante, y tras conocerse que Valiente, que ocupaba el cargo de director de Ingeniería en Acuamed, iba a ser cesado, recibió una "instrucción directa" del abogado jefe del Ministerio, Julio Díez: "No recibáis a esta persona, si quiere venir él se le da una cita conmigo y con el subsecretario", asegura que se le dijo. "Si quiere traer las pruebas, que las aporte, pero en presencia del abogado del Estado y del subsecretario y si sigue en su voluntad de denunciar los hechos, por supuesto, que acuda a la Fiscalía, Policía u órgano judicial", agregó Díez.

El testigo también precisó que se les recomendó "no hablar" con nadie de Acuamed por "las consecuencias que pudiera tener".

Pablo Fernández se encargó de comunicar esta decisión al denunciante que "no recibió bien la noticia". "No me jodas, no me jodas", le dijo por teléfono. Tras la negativa a escuchar sus argumentos, Valiente presentó un requerimiento notarial con las pruebas y posteriormente denunció los hechos. Fue cesado pocos días después.


CGT DENUNCIA ANTE LA FISCALIA ANTICORRUPCION A TRAGSA POR CONTRATACIONES A DELEGADOS DE UGT


La Sección Sindical Estatal de CGT  en el grupo TRAGSA tuvo conocimiento de la Sentencia de 4 de noviembre de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 868/2015, en la que se ponía al descubierto los chanchullos entre los gestores de TRAGSA y el sindicato UGT. En la sentencia se establecen como hechos probados, que alo largo mas de dos decadas (años 80, 90, y 2000), 11 personas fueron contratadas  aparentemente por TRAGSA con diferentes contratos laborales, diferentes categorías profesionales pero con un salario idéntico: 2.272,51 euros mensuales. TRAGSA les dio de alta en la seguridad social y abonaba sus salarios, sin que estas personas trabajaran para TRAGSA.

Estos personas vinculadas a UGT, (supuestos delegados sindicales)  tampoco fueron seleccionados por TRAGSA sino que para la supuesta contratación eran elegidos por UGT. Todos ellos, tenían cargos y responsabilidades en la estructura del sindicato UGT. 

Según la sentencia, había un acuerdo entre TRAGSA y UGT en la que la empresa se limitaba a contratar y retribuir a unas personas a las que no escoge y que nunca trabajaron en TRAGSA sino que estos realizan tareas de cargos sindicales para UGT. La Sentencia declara que este acuerdo era una forma de financiación que le venía prestando TRAGSA a UGT.

En coherencia con la defensa de lo público que defiende nuestro sindicato, CGT ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra la corrupción para que investigue si estos hechos podrían constituir delito. Entendemos que el hecho de que la empresa pública TRAGSA haya estado financiando al sindicato UGT de manera irregular y que haya podido simular contratos laborales para favorecele puede constituir, además de una vulneración flagrante de los principios de acceso al empleo público, mediante criterios de igualdad, mérito y capacidad, los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos continuado, simulación de contrato y falsedad documental.

Desde CGT pensamos que hay que apostar clara y nítidamente por denunciar este tipo de actitudes, que suponen  finalmente el expolio de lo que es de todos, por y a favor de unos pocos.