martes, 9 de junio de 2020

DE CAMINO A LA ANORMALIDAD EN EL #MAPA


DE CAMINO A LA ANORMALIDAD

La nueva normalidad”, ese término que venimos oyendo desde hace meses para intentar determinar la situación en la que nos encontraremos dentro de escasas semanas, no es sino una contradicción en sí misma, ya que no debería ser calificado como normal algo que supone una novedad, una novedad que a su vez, dejará de serlo cuando sea normal, ya que para entonces ya no va a ser algo nuevo.

Pero independientemente de cómo lo definamos, muchas son las dudas e incógnitas que se nos plantean ante el nuevo escenario que nos espera tras la finalización del estado de alarma a los y las empleadas públicas de la Administración General del Estado (AGE) y por ende a las de este Ministerio. Dudas que en definitiva giran en torno al cómo y al cuándo va a ser el regreso a nuestro puesto de trabajo de manera presencial, por los riesgos que para nuestra seguridad y salud pudiera haber.

Quienes formamos parte de CGT en el MAPA somos conscientes y compartimos, el gran temor que nos genera el regreso a nuestros puestos de trabajo de manera presencial, por los indudables riesgos que seguirán subsistiendo aunque haya finalizado el estado de alarma. En este sentido, es importante que se cumplan con las medidas de seguridad decretadas por la Autoridad Sanitaria para garantizar la salud de quienes se vayan a reincorporar a la actividad laboral. Y para garantizar la seguridad y salud de todas y todos es esencial minimizar cualquier riesgo que sobre ellas se produzca, y esta es una tarea que habría que desarrollar en el seno del Comité de Seguridad y Salud con la participación de la Junta de Personal y Comité de Empresa de conformidad con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto Básico del empleado público.
Es previsible que por parte de Función Pública, se dicte otra Resolución, que de acuerdo a lo establecido en las anteriores disposiciones, trate de establecer un nuevo marco normativo adaptado a la nueva situación que intente dar respuesta al modo en el que debe proceder el regreso al trabajo de manera presencial de los y las empleadas públicas de AGE, para que los distintos Departamentos Ministeriales establezcan las suyas en la medida de los trabajos y funciones que tienen encomendadas.
Según los últimos datos publicados por Secretaría de Estado de Politica Territorial y Función Pública, a finales del mes de mayo, el 55 % del conjunto de los y las empleadas públicas de la AGE venía prestando servicios de manera no presencial, mientras que casi el 36% lo hacía presencialmente.
En el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) eran 199 personas que lo hacían presencialmente, mientras 1350 lo hacían de manera no presencial, lo que suponía que solo el 13 % de las personas acudían a su puesto de trabajo para prestar servicio de manera presencial.

En las dos últimas semanas, hemos observado que se han ido incorporando nuevas personas a prestar servicio de manera presencial, lo que sin duda ha podido elevar el porcentaje a más de un 15 % del total de empleados y empleadas públicas del MAPA, lo que nos sitúa como ministerio muy por debajo de la media de la AGE, por lo que nos tememos que en algunas unidades se pretenda elevar el porcentaje de presentismo sin razones objetivas que lo justifiquen, sin embargo, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. , establece en su Artículo 5 el Carácter preferente del trabajo a distancia.
En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

Lo establecido en este artículo, se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores al cumplimiento del estado de alarma, y en atención a las circunstancias, cabrán prórrogas adicionales por parte del Gobierno, según establece el art. 15 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril.

Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo se está impulsando un proyecto normativo para regular el trabajo a distancia. Parece que hay un evidente empeño por parte del Gobierno, en que se fomente el sistema de trabajo a distancia.

Bajo nuestro punto de vista, si durante los últimos meses se han seguido realizando las tareas que teníamos encomendadas de manera no presencial, continuando presente la amenaza del virus, no hay motivo para que quien así quiera continuar no pueda seguir haciéndolo. No entenderíamos que se ponga en riesgo a compañeras y compañeros obligándoles en contra de su voluntad a prestar su trabajo de forma presencial si no se dan razones objetivas de peso debidamente motivadas, dados los riesgos que supone para su seguridad y salud los desplazamientos e incluso su permanencia en el propio centro de trabajo.

Independientemente de nuestros acuerdos como organización, y teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que nos están tocando vivir, en CGT, proponemos que el regreso de manera presencial a nuestra actividad laboral debería ser gradual, flexible y razonable y siempre que sea posible voluntario, guardándose y garantizándose todas las medidas de seguridad para salvaguardar la salud de las personas.