miércoles, 9 de enero de 2013

Noticias de nuestro ministro.



http://www.lacelosia.com/arias-canete-da-un-empujon-al-puerto-deportivo-de-su-compadre-joaquin-rivero-quien-pugna-con-los-herederos-de-pedro-bores/

http://www.luzdelevante.com/?p=42942

Según informaciones publicadas nuestro ministro Arias Cañete da un empujón al puerto deportivo de su compadre Joaquín Rivero, quien pugna con los herederos de Pedro Bores




La reforma de ley de Costas que ha liderado el ministro de Medioambiente, Miguel Arias Cañete, y que no estaba en el programa del Partido Popular con el que concurrió a las elecciones, ha incluido a su paso por el Congreso una extensión del plazo de concesión de los puertos deportivos de 35 años a añadir al periodo de expiración vigente. Uno de los grandes beneficiados con la medida es Joaquín Rivero, compadre del ministro.

Rivero y Cañete tienen varias querencias comunes, Jérez, donde ha nacido el primero y vivido el segundo muchos años, el apellido Domecq que llevan las mujeres de ambos, y el gusto por el sector inmobiliario, habiendo sido el ministro consejero del promotor.

La susodicha reforma de la ley de Costas, a su paso por el Congreso, ha añadido a propuesta del Partido Popular, el del ministro, enmiendas para posibilitar aún más el negocio inmobiliario en lo que estaba configurado a corto plazo el dominio público. Una de las propuestas es que los puertos deportivos obtengan también el trato de favor de las casas construidas al lado de la playa, y se les amplíe en 35 años el plazo de concesión cuando expire la actual.

Uno de los grandes beneficiarios de esta norma es Joaquín Rivero, propietario de Puerto Sherry y que desarrolla en su entorno un ambicioso proyecto inmobiliario, todo ello a través de la empresa Marina Puerto de Santa María. Rivero compartía la propiedad con el empresario sevillano, Pedro Bores, que falleció hace año y medio en un accidente de caza, y ahora son sus herederos los socios en Puerto Sherry.

Las relaciones entre ambas partes no son aparentemente muy buenas si se tiene en cuenta que la viuda de Bores, María del Valle de la Riva Lara, y sus hijos, han presentado un complemento a una convocatoria de junta extraordinaria de la sociedad Marina Puerto de Santa María (dueña de Puerto Sherry), en la que tratan de poner freno al poder de Rivero Valcarce.

La construcción de Puerto Sherry se inició en 1987, aunque la constitución de la concesionaria data de 1984, por lo que con la legislación antigua la concesión vencería en cinco años, por ello la enmienda les pondría en casa, con 35 años más. La azarosa vida de este negocio, promovido con dinero árabe (Aresbank) y la junta, posteriormente comprado por unos británicos de dudosa reputación y sucesivas quiebras, incluida una primera de Rivero, parece concluir hace cuatro años, cuando Bores y Rivero consiguen hacerse de nuevo con la concesión.

En juego están la construcción de 800 viviendas en terrenos colindantes, cuya propiedad posiblemente sea de bancos acreedores, una ampliación de 900 atraques más, y el desarrollo de un hotel de lujo, y zona de ocio con restaurantes, discotecas, etc.. Mucho negocio.

El alma del proyecto era Pedro Bores, pero una vez fallecido, es Rivero quien encabeza los planes. El promotor jerezano, que sentó en el consejo de sus inmobiliarias a Arias Cañete y hasta hace poco a Ignacio López del Hierro, marido de la poderosa secretaria del PP, Dolores de Cospedal, también presidenta de Castilla La Mancha, atraviesa un mal momento, con serios problemas financieros en Gecina, la promotora francesa con la que se quedó tras salir de Metrovacesa. En cualquier caso, Rivero salvó muchos muebles tras explotar la burbuja, algo que no pudieron o no supieron hacer otros colegas, como Fernando Martín, los Sanauja, Rafael Santamaría y otros caídos por el ladrillo.

Rivero ha planteado una remodelación societaria de la propietaria de Puerto Sherry, con cuatro consejeros, dos por familia, y los herederos de Bores le han forzado a incluir en las votaciones que las medidas principales, como emisión de deuda, retirada del derecho de suscripción y otras se tomen por mayorías reforzadas (75%). Además le exige introducir un modo de arbitraje, para el que propone a un Bores, y que se aprueben en Junta una serie de operaciones vinculadas.

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