domingo, 3 de marzo de 2013

Puig Antich en el laberinto NI OLVIDO NI PERDON


Interesante artículo de nuestros hermanos de "La Soli" enviado a nuestra Secretaría de Comunicación del STAP por CAS Madrid.

Mateo Rello

A 32 años de su muerte, la figura de Salvador Puig Antich sigue atrapada en un laberinto múltiple. Un laberinto que dificulta la recuperación cabal de su memoria —también, por ende, de lo que representó realmente el MIL— y su rehabilitación pública. Si hay políticos que lo quieren como una sombra domesticada, que se puede invocar dentro de un orden, no faltan, a la vez, proyectos mediáticos que tratan de recuperar su mito desde la misma impostura: así sucede, al parecer, con la película Salvador, según las críticas de antiguos activistas del MIL, como Pons Llobet o Vargas-Golarons…


…De una manera o de otra, presentar un grupo tan complejo ideológicamente como el MIL bajo el marchamo simplista de “antifranquismo” es mentir*. En rigor, este grupo no fue tanto antifranquista como anticapitalista; de vocación consejista, los militos rechazaban, de hecho, cualquier forma de vanguardia política o sindical y orientaron su lucha al apoyo del movimiento obrero, en cuya autonomía creían por encima de todo. Dicho esto, resulta difícil transigir con visiones del MIL que lo presentan como lo que no era, ni quería ser; más aún, como aquello contra lo que, en realidad, combatía. Y con este agravante: buena parte de la “izquierda” que hoy coquetea con la herencia del grupo repudió en su día a Puig Antich por terrorista, y lo dejó desamparado.

Al laberinto tendencioso e interesado de las manipulaciones, hay que añadir el legal. Las hermanas del anarquista catalán están haciendo un nuevo intento de que el consejo de guerra seguido contra su hermano sea revisado. Políticamente, no soplan vientos favorables para las peticiones de revisión de los consejos de guerra franquistas —de por sí, un recurso muy restringido en la legislación española en general—: en abril de 2005, la Fiscalía General del Estado hizo pública su voluntad de impedir la revisión generalizada de estos procesos. Visto el interés personal de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, es de prever que se intente solucionar el tema mediante una Ley de reconocimiento de las víctimas de la guerra del 36 —¿de ambos bandos?— y de la dictadura, ley genérica que vendría a evitar situaciones muy incómodas. De ahí la dificultad de prosperar para revisiones como la del caso Granado y Delgado, impulsada por CGT, o el reciente Auto de la sala militar del Tribunal Supremo —presidida por Ángel Calderón, del que ahora volveremos a hablar—, que, el 26 de enero de 2006, ha denegado la revisión del consejo de guerra abierto en 1962 contra el anarquista Francisco Sánchez Ruano. Sánchez Ruano fue condenado a una pena de 28 años de prisión, de los que cumplió 11, por el atentado sin víctimas del 12 de agosto de 1962 contra el Valle de los Caídos, cuyos autores fueron, en realidad, otros dos anarquistas, Antonio Martín y Paul Desnais.



En el caso de Puig Antich, a esta dificultad previa se suman, por si fuera poco, las trabas que está planteando Ángel Calderón con el respaldo de otras instancias de la judicatura. Pero antes de hablar de estos incidentes, conviene hacer algunas consideraciones sobre el nuevo recurso.

Peleando a la contra

No es ésta, pues, la primera vez que las hermanas de Salvador Puig Antich promueven la revisión del consejo de guerra que le condenó a muerte. El Tribunal Supremo denegó la primera solicitud de recurso de revisión —por aquel entonces, un intento pionero en este ámbito— el 27 de junio de 1994; la actual, de la mano de los letrados Sebastián Martínez Ramos y Olga de la Cruz, basa buena parte de sus esperanzas de prosperar en una reconstrucción infográfica del tiroteo durante el que murió el subinspector Francisco Anguas, respaldada por la declaración del doctor Ramón Barjau, ya presente en el anterior intento de recurso (Barjau pudo examinar el cadáver del policía a su ingreso en el Hospital Clínico de Barcelona y contradice el dictamen de la autopsia). También se solicita —por primera vez— el testimonio de Francesc Xavier Garriga Paituvi, activista del MIL detenido junto a Salvador. Aunque Garriga Paituvi no presenció el tiroteo, fue obligado bajo tortura a firmar una declaración falsa según la cual fue testigo del momento en que Puig Antich abría fuego sobre Anguas (de hecho, la base del recurso es la denuncia del cúmulo de falsedades y manipulaciones —luego las detallaremos— que salpicaron todo el proceso).

Hemos hablado con Sebastián Martínez Ramos para conocer los detalles de este intento de revisión y del proceso que, hace más de tres décadas, culminó con la condena a muerte de Salvador. Martínez Ramos insiste desde el principio en que es un error meter en el mismo saco todos los consejos de guerra del franquismo. Casos como el de Puig Antich, con todo y su repercusión mediática, no son lo que preocupa o incomoda aún hoy. Según el letrado, lo que sí constituye un auténtico tabú legal e histórico son, en realidad, los miles de consejos de guerra celebrados en la posguerra, utilizados sistemática y deliberadamente como un arma represiva más, en un claro ejemplo de justicia meramente formal.

Volviendo al caso del anarquista catalán, Martínez Ramos lo contextualiza repitiendo las palabras del propio Salvador en la cárcel: “ETA me ha matado”. Se refería al atentado de ETA contra Carrero Blanco del 20 de diciembre de 1973, al que el régimen respondió intentado dar una imagen de fortaleza con algún escarmiento ejemplarizante. Sólo así se entendería lo vertiginoso de un proceso (apenas cinco meses) que, por lo demás, correspondía a la justicia civil y no militar —Anguas era policía, no miembro del ejército—, y una acusación falsa: la de terrorismo, que exige premeditación cuando hubo, en todo caso, un homicidio de más que dudosa atribución.

Todo estaba preparado, pues, para que el franquismo se cobrara en Salvador otras cuentas pendientes.

Maraña

Más de tres décadas después, la petición para que aquel turbio consejo de guerra sea revisado avanza penosamente. Si bien es cierto que el Tribunal Supremo (TS) ordenaba, el pasado 6 de febrero, la práctica de la reconstrucción infográfica que solicitan las hermanas de Puig Antich (realizada finalmente durante el mes de abril), no lo es menos que todo el proceso ha estado trufado de continuos rifirrafes con la Sala Militar del TS y otras instancias judiciales.

Martínez Ramos nos ha facilitado el material para intentar poner un poco de orden en esta maraña de autos y recursos. Aun a riesgo de entrar en demasiados tecnicismos, merece la pena apuntar las fases de un proceso que está muy lejos de su conclusión. La petición de recurso de revisión fue presentada el 3 de febrero de 2005 ante la Sala V del TS, que el 28 de junio, mediante una providencia que confirma otra anterior del día 7, señala para el 12 de julio la deliberación sobre la admisión o no del recurso y establece cuáles serán los 5 miembros que compondrán la sección encargada de verlo.

Llegados al 12 de julio, la sección se constituye con tres miembros, debido a algunas vacantes recientes, número que, en todo caso, supone el mínimo legalmente establecido para su constitución. Ese día, el presidente de la Sala, Ángel Calderón, resuelve unilateralmente, mediante una providencia, suspender la deliberación y avocar el caso al Pleno de la Sala en tanto ésta no haya cubierto sus vacantes. Se da el caso de que la resolución del Presidente debía adoptar la forma de Auto, que es recurrible, y no la de providencia, que se utiliza para meros trámites, lo cual no es, evidentemente, el caso. Los abogados de la familia recurren esta providencia por su falta de motivación legal y por vulnerar el derecho al juez natural que sería, en este caso, la Sala de cinco miembros y no el Pleno. Sobre esta decisión, Julio M. Lázaro publicaba la siguiente valoración en las páginas de El País: “Según fuentes del Supremo, de los cinco magistrados que hubieran decidido sobre la autorización para recurrir, previsiblemente tres se habrían opuesto, y ahí habría quedado cerrado el caso. Quizá para evitar un resultado tan ajustado fue por lo que el presidente decidió llevar a pleno la decisión sobre la autorización, pero ahora se abre la incógnita sobre la composición final del pleno. Si los dos nuevos magistrados que se nombren en su día por el CGPJ [Consejo General del Poder Judicial] votasen por la admisión, cabría que se registrase un empate a cuatro. Al menos uno de ellos, procedente del Cuerpo Jurídico Militar, debe ser nombrado de entre una terna propuesta por el ministro del Defensa, José Bono[ya cesado].” (Julio M. Lázaro, “La difícil revisión de una condena a muerte del franquismo”, El País, 3/10/05).

Llegamos así al 23 de noviembre, cuando la Sala de lo Militar del TS dicta un Auto que declara nula la providencia del 12 de julio y ordena “la retroacción del procedimiento al momento anterior a que se dictara dicha resolución.”; pese a ello, el presidente de la sala emite a su vez, el 22 de diciembre, un decreto gubernativo que envía nuevamente el caso al pleno, aludiendo indirectamente al rechazo del primer recurso de la familia, el de 1994, como ya había hecho en la providencia de julio pero no en el momento de ser presentada la petición de recurso, que hubiera sido lo lógico. Los abogados de las hermanas Puig Antich responden a esta medida con un recurso de alzada (25 de enero), basado de nuevo en la falta de motivación y también por desviación de poder.

Otra vuelta de tuerca se dará el 8 de marzo de 2006, cuando es el propio CGPJ el que da la razón al presidente de la Sala militar. No deja de ser sintomático el hecho de que 5 vocales, de los llamados “progresistas”, y entre ellos el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, se hayan opuesto a la decisión del órgano mediante un voto particular que da la razón a los letrados de la familia por posible vulneración del derecho al juez natural y porque arrebatar el caso a la sección para avocarlo al pleno puede suponer la formación de un tribunal creado ex profeso.

El último episodio de esta larga serie de incidentes se registra en junio, cuando la Sala de lo Militar del TS deniega las declaraciones de Francesc Caminal, que fue el abogado de Salvador en su día, y del doctor Barjau al considerar que no son, en rigor, “nuevas pruebas”.

La trampa

Hasta aquí, hemos aludido mucho a las múltiples irregularidades que convirtieron el juicio contra Puig Antich en una farsa que justificaba una sentencia previa, y que hoy son la base para la revisión del caso. Si queremos comprender hasta qué punto los hechos fueron otros de como se presentaron en el consejo de guerra, será necesario esbozar la crónica de aquellos días de 1973. Aunque buena parte de los detalles ya es conocida, de nuevo el material cedido por Martínez Ramos ha resultado fundamental para ordenar y valorar lo sucedido.

Era, pues, el 25 de septiembre de 1973. La policía había detenido previamente a Santi Soler Amigó, al que se usó como señuelo para tender una trampa a Francesc Xavier Garriga Paituvi. Soler y Garriga debían encontrarse en la esquina de las calles Girona con Consell de Cent, donde un Grupo Especial de la policía había tendido la emboscada en la que también cayó Puig Antich, que acompañaba a Garriga. El Grupo Especial estaba comandado por el inspector Santiago Bocigas Vallejo y contaba con otros tres inspectores, Enrique Muñoz Martín, Timoteo Fdz. Santorum y Francisco Rodríguez Álvarez, y con los subinspectores Francisco Anguas Barragán y Luis Miguel Algar Barrón. Sobre las 18 horas, llegan Garriga y Puig Antich, y son detenidos inmediatamente. Al parecer, Enrique Muñoz se hace cargo de Santi Soler mientras que Francisco Rodríguez y Luis Miguel Algar neutralizan a Garriga; los otros tres policías, Bocigas, Santorum y Anguas, apresan a Salvador y aquí ya aparece la primera contradicción: el inspector Bocigas afirma que en ese momento zancadillean y derriban a Puig Antich, mientras le golpean la cabeza con las culatas de las pistolas; por su parte, éste declarará durante el juicio que el forcejeo se inicia en la portería del número 70 de la calle Girona. Sea como sea, Garriga y Puig Antich son introducidos por los policías en esa portería, escenario del tiroteo en el que muere Francisco Anguas.

Todavía hoy es un misterio cómo se desarrolló ese tiroteo, quiénes dispararon y cuántas veces, así como el número de impactos que recibió Anguas. Y de qué pistolas prodecían en realidad, pues parece claro que no fue Puig Antich el único en disparar sobre el subinspector.

Girona, 70: el tiroteo

La portería del número 70 de Girona es un espacio minúsculo de 3’25 por 4’5 metros. Allí se produjo el forcejeo entre siete hombres (la portera abandonó el lugar al ver entrar a policías y detenidos), seis de los cuales iban armados. Así, cuando ya en el interior de la portería Garriga y Salvador se enfrentan a sus captores, la confusión es máxima. Sabemos que Rodríguez y Algar intentan reducir a Garriga Paituvi, que conseguirá zafarse y salir del recinto, aunque vuelve a ser detenido en la calle; en cuanto a Salvador, ya antes de introducirlo en el portal le han arrebatado la pistola que lleva en el bolsillo de la americana y, una vez en el interior, comienza a recibir una lluvia de culatazos que le producirán una fuerte conmoción cerebral. Pese a los golpes constantes, Salvador consigue sacar una segunda pistola y, según declarará luego durante el consejo de guerra, hace “uno o dos disparos sin apuntar a nadie, pues estaba perdiendo el conocimiento”. A la vez, Santorum dispara sobre Puig Antich, alcanzándole en la mandíbula y en el hombro izquierdo. A partir de aquí, los disparos se suceden en lo que será un nutrido tiroteo —dice textualmente el informe policial— que cuesta la vida a Anguas. Y otra vez las declaraciones de Bocigas incurren en contradicción: si en el juicio dice que Puig Antich hizo varios disparos, sin especificar cuántos, en un informe previo hablaba de uno sólo y a bocajarro. Para complicar más las cosas, se darán nuevas contradicciones cuando los policías declaren sobre su situación y actuación dentro de la portería.

Pero ¿fueron realmente los disparos de Puig Antich los que alcanzaron al policía? Ya en 1974 resultó imposible realizar el análisis balístico: de todos los casquillos de bala del tiroteo, sólo llegaron a manos de los jueces los dos extraídos a Puig Antich; el caso es que no pareció importarles porque desestimaron las pruebas de balística y la reconstrucción de hechos que pedía la defensa. (Y también, por cierto, una pericial psiquiátrica que estableciera hasta qué punto Puig Antich era responsable de sus actos en el momento de disparar debido a los golpes que estaba recibiendo en la cabeza).

En su dictamen sobre la reconstrucción infográfica que se aporta en el actual recurso de revisión, José Luis Pedragosa afirma que “Los 9 vestigios posibles de disparo de bala existentes en el escenario (5 en el cuerpo de Anguas, 2 en el de Puig Antich y 2 en las paredes [que todavía hoy pueden apreciarse]) superan la capacidad de un cargador. De ellos 3 fueron ascendentes, 2 descendentes y 4 indeterminados (alguno de los vestigios cuerpo-pared pudo pertenecer a la misma bala). De los apartados anteriores, se deduce que la versión de un fuego cruzado en pleno forcejeo de 4 personas pistola en mano, da a las trayectorias una probabilidad de aleatorio y de errático origen y destino.” Tras analizar la evolución de los implicados en el recinto y las posibles trayectorias, Pedragosa se inclina por “(…) un primer disparo (el C) descendente al abdomen de Anguas, que le hace doblarse hacia delante, lo que facilitó que los otros dos disparos tuvieran trayectoria ascendente, incluso uno de ellos muy cerca a quemarropa.”**

Por su parte, los abogados de la familia concluyen hoy, a partir de los datos de la autopsia, que “(…) sólo una de las heridas que se reseñan presentaba tatuaje periférico (lo que indica que el disparo se realizó a corta distancia, mientras los restantes se realizaron desde una distancia superior) y que mientras dos de las trayectorias son ascendentes una es descendente —tal y como explica el Médico Forense Dr. Gabriel Sánchez Maldonado, en el acta del Consejo de Guerra—, lo que es absolutamente incompatible con un único tirador apuntando y disparando contra el Sr. Anguas desde un único lugar, a una única distancia y altura.” (texto del recurso, página 24)

Capítulo aparte merece la autopsia de Anguas —sin refrendo, como hemos visto, de casquillo alguno durante el juicio—, que podría confirmar o desmentir estas hipótesis. Y es que la autopsia constituirá un episodio más en la trampa que se urdió en torno a Salvador para condenarle, y poco puede ayudar a clarificar el desarrollo del tiroteo.

Un cadáver hurtado

Cuando Anguas, ya cadáver, ingresa en Urgencias del Hospital Clínico, es examinado por tres ATS y por los médicos Ramón Barjau, Pedro Munné y Joaquín Latorre. Pese a la petición de la defensa, ninguno de ellos fue llamado a declarar durante el proceso sobre lo que vieron en el cuerpo del policía. Seguramente por eso, por lo que vieron, el cuerpo fue hurtado a los procedimientos habituales. Hasta el punto de que no quedó depositado en el Instituto Forense, donde debía naturalmente practicarse la autopsia, sino desviado a la Comisaría de la Universidad de Barcelona. Y, en efecto, en una comisaría de policía, y además a manos de un médico adscrito al cuerpo y no de un forense, se practicaría una autopsia cuyo dictamen entraba en franca contradicción con lo que habían visto los facultativos y sanitarios del Clínico.

De hecho, todavía hoy la revisión del Caso Puig Antich tiene una de sus bazas en las declaraciones de Ramón Barjau, uno de los médicos que examinó el cuerpo de Anguas a su ingreso en el Hospital Clínico. De su examen, que fue superficial y sólo frontal, Barjau guarda la impresión de un cuerpo cosido a tiros. ¿Cuántos? No lo recuerda con precisión, pero sin duda había dos en el muslo. Sin embargo, la autopsia sólo recoge tres impactos en el cuerpo, y los tres en el tórax (recordemos que Puig Antich declaró que hizo “uno o dos disparos” y que Bocigas, que dirigía el grupo de policías, habla inicialmente de uno).

La conclusión de todo el proceso vendría el 8 de enero de 1974, cuando los jueces militares solventaron tanta confusión condenando a muerte a Puig Antich. Pero ¿mató él a Anguas? ¿O lo hizo, más probablemente, uno de los propios policías que participó en la acción? Eliminadas algunas pruebas y manipuladas las restantes, seguramente no sabremos nunca la respuesta. Por lo mismo, sí queda claro que fue la voluntad política del franquismo la que asesinó a Salvador Puig Antich aquel 2 de marzo de 1974 en el garrote de la cárcel Modelo de Barcelona.

*Sobre el tema de Puig Antich y el MIL, l@s lector@s de “Soli” pueden consultar en nuestra edición digital (www.soliobrera.org) el excelente trabajo de Carles Sanz, MIL: revolucionarios anticapitalistas(“Cuaderno de pensamiento”, nº 3).

**Extraído del informe Reconstrucción del tiroteo de pistolas que produjo la muerte del subinspector Francisco Anguas Barragán y heridas a Salvador Puig Antich, página 17, de REGES (Investigación y Reconstrucción de accidentes). José Luis Pedragosa Radua es autor del dictamen; Jordi Maurel Escarpanter de la simulación infográfica.



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