La vida de un joven de 21 años se consume entre los barrotes de una prisión. Alfonso Fernández salió de su casa el pasado 14 de noviembre para ir junto a su novia a uno de los piquetes de su barrio, Vallekas. A escasos metros de su domicilio fueron detenidos y llevados directamente a la Brigada de información, donde sufrieron interminables interrogatorios extrajudiciales por parte de varios policías encapuchados que no pararon de amenazar, utilizando incluso posibles consecuencias contra su familia, novia y amigos con el fin de buscar información o una autoinculpación de un delito que no han cometido. Ambos son acusados de tenencia de explosivos, delito para el que el artículo 568 del Código Penal establece penas de 4 a 8 años. Al margen de las contradicciones y diferentes versiones policiales para demostrar que portaban algo que en realidad nunca llevaron encima, en el material explosivo que supuestamente les requisaron no han encontrado ni una sola huella de ninguno de los dos detenidos, como ratificó el propio fiscal ante el juez, y eso que fueron muchas y minuciosas las pruebas que realizaron. Tampoco encontraron nada que sostenga esta acusación en los registros a ambos domicilios, en los que la Brigada de Información, siempre encapuchados, volvió a atosigar a las familias, como si no tuvieran bastante con ver a sus hijos tratados como verdaderos terroristas.