DE CAMINO A LA
ANORMALIDAD
“La nueva normalidad”, ese término que venimos oyendo desde hace
meses para intentar determinar la situación en la que nos encontraremos dentro
de escasas semanas, no es sino una contradicción en sí misma, ya que no debería
ser calificado como normal algo que supone una novedad, una novedad que a su
vez, dejará de serlo cuando sea normal, ya que para entonces ya no va a ser
algo nuevo.
Pero independientemente de cómo lo definamos, muchas son las
dudas e incógnitas que se nos plantean ante el nuevo escenario que nos espera
tras la finalización del estado de alarma a los y las empleadas públicas de la
Administración General del Estado (AGE) y por ende a las de este Ministerio. Dudas
que en definitiva giran en torno al cómo y al cuándo va a ser el regreso a
nuestro puesto de trabajo de manera presencial, por los riesgos que para
nuestra seguridad y salud pudiera haber.
Quienes formamos parte de CGT en el MAPA somos conscientes y
compartimos, el gran temor que nos genera
el regreso a nuestros puestos de trabajo de manera presencial, por los
indudables riesgos que seguirán subsistiendo aunque haya finalizado el estado
de alarma. En este sentido, es importante que se cumplan con las medidas de seguridad decretadas por la Autoridad Sanitaria
para garantizar la salud de quienes se vayan a reincorporar a la actividad
laboral. Y para garantizar la seguridad y salud de todas y todos es
esencial minimizar cualquier riesgo que sobre ellas se produzca, y esta es una
tarea que habría que desarrollar en el
seno del Comité de Seguridad y Salud con la participación de la Junta de
Personal y Comité de Empresa de conformidad con lo establecido en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto Básico del empleado público.
Es previsible que por parte de Función Pública, se dicte otra
Resolución, que de acuerdo a lo establecido en las anteriores disposiciones,
trate de establecer un nuevo marco normativo adaptado a la nueva situación que
intente dar respuesta al modo en el que debe proceder el regreso al trabajo de
manera presencial de los y las empleadas públicas de AGE, para que los
distintos Departamentos Ministeriales establezcan las suyas en la medida de los
trabajos y funciones que tienen encomendadas.
Según los últimos datos
publicados por Secretaría de Estado de Politica Territorial y Función Pública,
a finales del mes de mayo, el 55 % del conjunto de los y las empleadas públicas
de la AGE venía prestando servicios de manera no presencial, mientras que casi
el 36% lo hacía presencialmente.
En el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) eran 199 personas que lo hacían
presencialmente, mientras 1350 lo hacían de manera no presencial, lo que
suponía que solo el 13 % de las personas acudían a su puesto de trabajo para
prestar servicio de manera presencial.
En las dos últimas
semanas, hemos observado que se han ido incorporando nuevas personas a prestar
servicio de manera presencial, lo que sin duda ha podido elevar el porcentaje a
más de un 15 % del total de empleados y empleadas públicas del MAPA, lo que nos
sitúa como ministerio muy por debajo de la media de la AGE, por lo que nos tememos que en algunas unidades se pretenda elevar el porcentaje de presentismo sin
razones objetivas que lo justifiquen, sin embargo, el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. , establece en su
Artículo 5 el Carácter preferente del
trabajo a distancia.
…
En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por
mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia,
debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y
razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta
proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a
distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción
de la actividad.
Lo establecido en este artículo, se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores al
cumplimiento del estado de alarma, y en atención a las circunstancias, cabrán
prórrogas adicionales por parte del Gobierno, según establece el art. 15
del Real
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril.
Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo se está
impulsando un proyecto normativo para regular el trabajo a distancia. Parece
que hay un evidente empeño por parte del Gobierno, en que se fomente el sistema
de trabajo a distancia.
Bajo nuestro punto de vista, si durante los últimos meses se
han seguido realizando las tareas que teníamos encomendadas de manera no
presencial, continuando presente la amenaza del virus, no hay motivo para que
quien así quiera continuar no pueda seguir haciéndolo. No entenderíamos que se ponga en riesgo a compañeras y compañeros
obligándoles en contra de su voluntad a prestar su trabajo de forma presencial
si no se dan razones objetivas de peso debidamente motivadas, dados los
riesgos que supone para su seguridad y salud los desplazamientos e incluso su
permanencia en el propio centro de trabajo.
Independientemente de nuestros acuerdos como organización, y
teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que nos están tocando
vivir, en CGT, proponemos que el regreso de manera presencial a nuestra
actividad laboral debería ser gradual, flexible y razonable y siempre que sea
posible voluntario, guardándose y garantizándose todas las medidas de seguridad
para salvaguardar la salud de las personas.