La pensión es un derecho social
Los poderes públicos
tienen que crear y generar las condiciones políticas para la defensa
del interés general y, de esta manera, dar cumplimiento a la obligación
política y normativa de la defensa de lo común, de lo de todos y todas
y, especialmente en situaciones de necesidad.
La situación del
actual mercado de trabajo en lo referente a activos ocupados/desocupados
y cotizantes, se sitúa en 16.300.000 personas ocupadas y cotizando, a
la vez existen casi 3,2 millones de personas paradas con prestaciones
bien contributivas, bien asistenciales, que sus cotizaciones son
cubiertas por el INSS. Las personas pensionistas actuales suponen 8,2
millones. Nos encontramos en consecuencia que por cada pensionista, se
encuentran cotizando y ocupados casi 2 personas, en concreto 1,98 y si
sumamos los cotizantes desocupados, el ratio sube al 2,3.
Esta situación, aún
más difícil, es decir, menos ocupados y menos cotizantes, la encontramos
en el año 1997 (la relación cotizantes/pensionistas, bajo hasta 1,5), y
dio lugar a que los poderes públicos (gobierno PSOE) conjuntamente con
los Sindicatos CC.OO y UGT y la patronal CEOE y CEPYME, pactarán y
aplicarán la Ley 27/97 de Racionalidad por la sostenibilidad del Sistema
Público de Pensiones con dos importantes modificaciones en nuestro
sistema público de pensiones: el período de cálculo pasa
(progresivamente) de los anteriores 8 años a los 15 años y los años
cotizados necesarios para el 100% de la Base Reguladora, también
progresivamente pasan de los 15 años a los 35 años.
En el año 2008 los
cotizantes eran 19.500.000 personas y en el 2012 se han perdido 3,2
millones de cotizantes, lo que ha conllevado un decrecimiento de
ingresos ingentes que ha hecho “necesario” tirar de las distintas cajas
de reserva (excedentes de las Mutuas y Fondo de Reserva) con que cuenta
nuestro sistema público de pensiones, por la friolera de 11.000 millones
de euros para pagar a pensionistas.
El PP ha congelado
la aplicación de la ley 27/2011 pactada por el PSOE y Sindicatos CC.OO,
UGT y patronales CEOE y CEPYME, en lo referente a las jubilaciones
anticipadas y “prejubilaciones” y ha dado un plazo de tres meses a la
comisión del Pacto de Toledo, para revisar el factor de sostenibilidad,
que no es sino la trampa política para “volver a racionalizar el sistema
público de pensiones” en sus dos aspectos más sensibles: aumentar el
período de cálculo de los 25 años que comienzan a contar a 1 de enero
2013 de manera progresiva hasta el 2027, hasta posiblemente toda la vida
laboral y aumentar la edad de jubilación real, en base a penalizar o
directamente impedir las jubilaciones anticipadas (endureciendo los
requisitos) hasta acercar la fecha real a la fecha teórica, 67 años.
El Sistema Público
de Pensiones, de manera metódica y calculada, ha sido “racionalizado” en
términos de economía política desde el año 1985, en base a la mismísima
argumentación que ahora se “berrea” por los mercados financieros y sus
representantes en Bruselas y así se han articulado las siguientes leyes:
LA REALIDAD ACTUAL
Los derechos de todos
y todas, son violados y la mercantilización de las necesidades parece
un hecho que nos devuelve a una realidad clasista, mutualista y
discriminatoria.
Se priva del derecho
a pensión a un número importante de trabajadores por no tener los 25
años efectivos de cotización y menos aún, si a partir de marzo 2013, se
considera toda la vida laboral.
Se nos obliga a
retrasar “voluntariamente” nuestra jubilación más allá de los 65 años,
por no tener cotizaciones suficientes, al no tener los años cotizados
suficientes para el 100% de la Base Reguladora.
Se agranda la
desigualdad y se privilegia a los salarios altos y a una minoría de
trabajadores/as con carreras laborales largas e ininterrumpidas.
Se detraen fondos públicos hacia los planes privados de pensiones.
Se debilitan los
principios de reparto, solidaridad y suficiencia de nuestro sistema
público de pensiones, al profundizar en la contributividad de toda la
vida laboral y se facilita que la banca asuma cada vez más ese 8,8% del
PIB que suponen nuestras pensiones públicas (67.000 millones de euros).
El mercado privado,
sobre todo el financiero, siempre ha considerado que el bocado de la
seguridad Social es demasiado apetitoso, como para seguir siendo
“monopolio” de lo público.
PARA LA CGT, LAS PENSIONES SON UN DERECHO SOCIAL, por lo cual hoy, como siempre, reivindicamos:- El Derecho a la Pensión Pública Suficiente y Digna para todos y todas.
- El Derecho al trabajo y al Empleo para todos y todas o una renta social suficiente para vivir con dignidad.
- El Derecho a trabajar menos horas para trabajar todos y todas.
- El Derecho a la Jubilación a los 60 años.
LA CGT DEFENDERÁ EN LA CALLE ESTE DERECHO SOCIAL
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
