jueves, 21 de abril de 2016

NOS DEVUELVEN PARTE DE LA PAGA QUE NOS DEBIAN: Electoralismo con nuestros derechos

De nuevo el Gobierno del PP utiliza la devolución de una parte de la paga extra sustraída en 2012 como baza ante una nueva convocatoria de elecciones

Lo han vuelto a hacer. Al igual que en las anterior convocatoria de elecciones generales de diciembre de 2015, el gobierno se saca de la manga la devolución de una parte de la paga extra de 2012 como baza electoral. Una paga extra que aparece y desaparece del horizonte en función de intereses electorales. No es casualidad que se haya tenido en la nevera la devolución de esta parte durante meses – aún estando presupuestada- para anunciar a través de sindicatos afines su pago cuando ya es más que evidente que habrá nuevas elecciones en junio.


Con esta medida pone de manifiesto dos cuestiones. En primer lugar, la concepción que tiene el
Gobierno de las empleadas y empleados públicos como sujetos sin derechos que dependen de la voluntad del Gobierno de turno que, como el señor feudal, castiga o premia a sus huestes en función de sus intereses. Si en su momento mediante un Real Decreto “manu militari” se permite asaltar los salarios de los empleados públicos ahora toca devolver otra parte para hacer ver que en la administración no existen derechos sino dádivas. El gobierno concibe los derechos laborales de los y las empleadas públicas como si fueran concesiones graciosas que están al albur del político de turno y no como lo que son: conquistas sociales logradas a lo largo de los años.

En segundo lugar, deja en evidencia que con las medidas de “austericidio” dictadas contra nuestro colectivo y vendidas a la ciudadanía como necesarias para cuadrar las obligaciones de déficit exigidas por la UE no eran más que parte del teatro de falsedades que buscaba justificar unas decisiones tomadas de antemano. Era necesario justificar el falso discurso de que los servicios públicos son caros, que los empleados y empleadas públicas tenemos altos salarios, que somos poco productivos y la guinda de “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. En un contexto de empobrecimiento generalizado, de paro masivo y de precariedad a todos los niveles, nada mejor que buscar un chivo expiatorio que distraiga la atención de los verdaderos responsables. Y ahí la política de difamación hacia los empleados públicos a sabiendas que ese discurso falso va a contar con el apoyo entusiasta de unos medios de comunicación afines a sus tesis.

Con el tiempo vamos conociendo cuales eran las verdaderas intenciones del partido del gobierno. Un partido arrasado por la corrupción generalizada a todos los niveles, una auténtica maquinaria organizada para la usurpación de los recursos públicos en su propio beneficio y de las grandes empresas de donde proceden y a donde se reincorporan al finalizar su tarea. Ese falso discurso de que el déficit era causado por unos servicios públicos esenciales para una mayoría social cuando la realidad es que ese déficit proviene básicamente del injusto sistema fiscal que prácticamente exime a las grandes rentas de tributar–cuando no se lo llevan directamente a Suiza o a Panamá- y del saqueo sistemático de recursos públicos ejercido desde todos los ámbitos de la administración por quienes debieran de gestionarlos y defenderlos. La mejor medida de ahorro, la que verdaderamente hubiera permitido que los servicios públicos pudieran cumplir con su función social es muy sencilla: dejar de meter mano a lo público y devolver todo lo sustraído.

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