Para Ecologistas en Acción con la tramitación de hoy en el Senado del Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral, se remata la Ley de Costas de 1988, una ley fundamental en la actual democracia, y con ella se pierde la protección de la costa y gran parte de su carácter público.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas es sustituida por otra llamada Ley de protección y uso sostenible del litoral que, en gran medida desprotege el litoral y propicia grandes pérdidas de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).
Las modificaciones a la antigua ley han sido propuestas poco a poco desde la toma de posesión del Ministro Arias Cañete. Inicialmente se justificaron por opinar el Ministerio que la Ley de Costas producía inseguridad jurídica al interpretar interesadamente un informe del Parlamento Europeo. Posteriormente aparecieron modificaciones carentes de justificación científica o ambiental (en Formentera se establece un tratamiento diferencial de la franja en contacto con el mar que se encuentran dentro del deslinde del DPMT y sus servidumbres sin una justificación técnica para ello), modificaciones hechas para intereses e instalaciones con nombre y apellido (deja de ser DPMT urbanizaciones junto al mar como Ampuria Brava…) y modificaciones caprichosas y curiosamente para espacios cuyos propietarios son conocidos (las salinas y marismas dejaran de ser DPMT si el agua entra con ayuda del hombre…).
También se propuso la ampliación de las actuales concesiones en el DPMT que pasan de 30 a 75 años permitiendo la privatización "de facto". Igualmente se presentaron modificaciones que suponen clara desprotección como que en la costa se pueden celebrar fiestas y eventos, se puede colocar publicidad, se pueden conceder instalaciones a chiringuitos por 4 años, cada vez más grandes y cada vez más juntos…
Y por último se ha presentado la modificación más peligrosa en tanto que supone una amnistía a todo el que burló la Ley de Costas vigente hasta ahora: se va a permitir que núcleos de población o instalaciones independientes situadas en los 100 m de Servidumbre de Protección del DPMT, claramente infractoras, no tengan que estar más que a 20m del citado DPMT; es decir, se les considera como suelo urbano por gracia de la nueva Ley que propugna Arias Cañete.
Ecologistas en Acción manifiesta su total rechazo a la nueva Ley de protección y uso sostenible del litoral e indica, que todas las modificaciones que presenta respecto a la Ley de Costas no tienen como fin ni la protección del litoral ni su uso sostenible; se trata de una ley acientífica, de claro contenido ideológico que tiene como punto de mira amnistiar a infractores de la antigua ley, favorecer intereses particulares y conocidos y favorecer la privatización y negocios en nuestras costas.
Si en España, a pesar de la explosión del ladrillo, se había conseguido salvar las playas y el DPMT de la Ley del 88, ahora se verá la pérdida del carácter público, la privatización y la paulatina destrucción del litoral.
Todo esto no tiene que ver con la crisis, es una apuesta ideológica y de destrucción de lo conquistado como público por los españoles.