La Sección Sindical Estatal de CGT en el grupo TRAGSA tuvo conocimiento de la Sentencia de 4 de noviembre de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 868/2015, en la que se ponía al descubierto los chanchullos entre los gestores de TRAGSA y el sindicato UGT. En la sentencia se establecen como hechos probados, que alo largo mas de dos decadas (años 80, 90, y 2000), 11 personas fueron contratadas aparentemente por TRAGSA con diferentes contratos laborales, diferentes categorías profesionales pero con un salario idéntico: 2.272,51 euros mensuales. TRAGSA les dio de alta en la seguridad social y abonaba sus salarios, sin que estas personas trabajaran para TRAGSA.
Estos personas vinculadas a UGT, (supuestos delegados sindicales) tampoco fueron seleccionados por TRAGSA sino que para la supuesta contratación eran elegidos por UGT. Todos ellos, tenían cargos y responsabilidades en la estructura del sindicato UGT.
Según la sentencia, había un acuerdo entre TRAGSA y UGT en la que la empresa se limitaba a contratar y retribuir a unas personas a las que no escoge y que nunca trabajaron en TRAGSA sino que estos realizan tareas de cargos sindicales para UGT. La Sentencia declara que este acuerdo era una forma de financiación que le venía prestando TRAGSA a UGT.
En coherencia con la defensa de lo público que defiende nuestro sindicato, CGT ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra la corrupción para que investigue si estos hechos podrían constituir delito. Entendemos que el hecho de que la empresa pública TRAGSA haya estado financiando al sindicato UGT de manera irregular y que haya podido simular contratos laborales para favorecele puede constituir, además de una vulneración flagrante de los principios de acceso al empleo público, mediante criterios de igualdad, mérito y capacidad, los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos continuado, simulación de contrato y falsedad documental.
Desde CGT pensamos que hay que apostar clara y nítidamente por denunciar este tipo de actitudes, que suponen finalmente el expolio de lo que es de todos, por y a favor de unos pocos.
En coherencia con la defensa de lo público que defiende nuestro sindicato, CGT ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra la corrupción para que investigue si estos hechos podrían constituir delito. Entendemos que el hecho de que la empresa pública TRAGSA haya estado financiando al sindicato UGT de manera irregular y que haya podido simular contratos laborales para favorecele puede constituir, además de una vulneración flagrante de los principios de acceso al empleo público, mediante criterios de igualdad, mérito y capacidad, los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos continuado, simulación de contrato y falsedad documental.
Desde CGT pensamos que hay que apostar clara y nítidamente por denunciar este tipo de actitudes, que suponen finalmente el expolio de lo que es de todos, por y a favor de unos pocos.