Mañana, jueves 23 de abril de 2015, habrá en Madrid una Manifestación Estatal de Contratas, Subcontratas y Autónomos que trabajan para Telefónica MoviStar en todo el estado.
LA TELEKORESISTENTE
La huelga de personal de contratas, subcontratas y autónomos que trabajan para Telefónica en todo el estado cumple su 16º día de huelga indefinida -9 días más en Madrid, donde comenzó la movilización- con participación superior al 90% y la cobertura y soporte de CGT y otras organizaciones. Mientras los sindicatos oficiales han estado promocionando su huelga parcial con un pobre resultado, Telefónica y las patronales del metal aún no han dado respuesta alguna, aunque sí que han tenido contactos con los citados 'agentes sociales' (*). Debe quedar bien claro que para los sindicatos convocantes de la Huelga Indefinida, los únicos que pueden dar por buena cualquier negociación son quienes protagonizan la movilización, los trabajadores y trabajadoras.
La precariedad que desde siempre ha envuelto el trabajo de este colectivo no es nueva pero ha ido en aumento sin descanso. El hecho de que sean precisamente las grandes multinacionales de un sector productivo tan importante como el de las Telecomunicaciones, proveedor de servicios básicos y sustanciales por los que puede medirse el desarrollo de una sociedad, quienes consigan grandes beneficios a base de exprimir hasta la semiesclavitud al personal, muestra que el paradigma del capital está servido. Las empresas como Telefónica que operan en diferentes mercados y con distintas realidades sociales y, aún más importante, variadas legislaciones laborales, siempre encuentran el camino para abaratar costes sea cual sea la parte de la sociedad que paga la verbena.
Fijémonos en el estado español y, concretamente, en Telefónica, que fue estatal pero que se puso en manos privadas por los gobiernos neoliberales -en el peor sentido de la palabra, el económico- de PSOE (que inició la entrega) y PP (que remató la faena): el personal de plantilla tiene convenio y unas condiciones mejorables pero razonables y no es fácil abaratar esa fuerza de trabajo. Al menos no tanto como para satisfacer la voracidad y el ansia de beneficios de sus dueños, las empresas (financieras, industriales, etc) y fondos (buitre o palomita, es indiferente). Pero existe el outsorcing (extraer un trabajo de una empresa para que sea realizado por otras), que permite abaratar costes y, de paso, darle algo de cuerda a los amigos. Negocio redondo, porque aquí solo pierde el nuevo currito. Imaginemos que sucede, que facilidades hay en otros entornos legislativos.
La semana pasada tras una masiva concentración ante el Parlament de Catalunya, se obtuvieron varios compromisos de los parlamentarios -moción de apoyo a la huelga con la exigencia de que no haya ningún despido ni represalias, el intento de que se abra una mesa de negociación con los objetivos de la huelga (a igual trabajo, igual salario, eliminando falsos autónomos y contratos ilegales) y exigir a la Inspección de Trabajo y al Departament de Treball de la Generalitat que cumpla con su obligación de velar por el cumplimiento de las leyes de seguridad y salud, contratación y horarios-. Para extender la presión y la implicación de responsables políticos se han previsto entrevistas con candidatos municipales de algunos partidos (hoy) y presentación de denuncia ante el Parlamento Europeo en Bruxelas (pasado mañana). Asimismo ha comenzado una campaña por distintas universidades para dar charlas y explicar esta lucha, ejemplo claro de precariedad laboral en el estado español, ya se están realizando movilizaciones conjuntas de esta 'marea azul' de contratas con trabajadoras/es de Atento, que mantienen su propia lucha contra los despidos y abusos de las empresas de telemarketig y se está conectando con organizaciones y personal de las eléctricas, donde existe el mismo problema de precariedad en la subcontratación.
También continúan las acciones ante los medios de comunicación por la falta de cobertura y las manipulaciones que han realizado algunos diarios que incluso han llegado a calificar de sabotajes lo que no son más que incidencias habituales y accidentes de obra civil.
El triunfo de “la revolución de las escaleras”, “la marea azul”, “la resistencia teleco”, o como se la quiera llamar, solo puede beneficiar a la sociedad en su conjunto. Todos y todas seremos más libres si vivimos un incremento de la justicia social, porque eso es lo que se consigue cuando se imposibilita que las entidades financieras, los fondos -generalmente expertos en liquidar empresas a cambio de beneficio rápido, enorme y sin riesgo, que no se dedican a gestionar empresas sino a cosechar riqueza- y transnacionales eleven sus beneficios a costa de empeorar las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores.
Por eso, desde los distintos entes de la CGT, vamos a seguir apoyando, dando herramientas jurídicas y sindicales y compartiendo la lucha, con todos los compañeros y compañeras de las subcontratas de telefonía del conjunto del estado para los que convocamos la Huelga Indefinida desde el 14 de abril de 2015. Seguimos exigiendo a los responsables de esta situación -gobierno, Telefónica y patronales del metal y otros sectores- que reconozcan como únicos interlocutores de este conflicto a los/as trabajadores/as afectados/as (falsos autónomos o contratados), que se abra una negociación a nivel estatal y se acepte la incorporación de todos estos colectivos precarizados en la plantilla de Telefónica o, en su defecto, se establezca un Convenio de Sector Teleco, igualando así las condiciones de trabajo. En definitiva, que se acabe de una vez por todas con la precariedad y el régimen semiesclavista que han generado las políticas de externalización y ahorro de costes de Telefónica.
